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Infancia, Verdad y Justicia

La esclavitud posmoderna

No hay cifras aún para cuantificar cuántas mujeres y niñas en Argentina son vendidas y alquiladas para ser explotadas sexualmente en el país. Pero si hay cientos de expedientes judiciales, informes de organismos nacionales e internacionales, sitios en Internet, listas, foros, algunos ensayos y proyectos de ley que proponen reprimir este delito específico, redes de personas que se oponen a esta mutación posmoderna de la esclavitud y una larga nómina de madres y padres buscando a sus hijas.

El problema es más complejo que un mero cuestionamiento moral. En todas sus etapas, desde el engaño o el secuestro hasta la cooptación final o el homicidio, los casos de trata supuran violencia social, administrativa, política y económica que es sistemáticamente negada por la sociedad.

Se trata de un fenómeno basado en la estúpida presunción de que la mujer presta su consentimiento para ser violada infinitas veces. Los casos denunciados en las agencias del Estado demuestran como la sociedad niega la explotación sexual: las policías provinciales reciben las denuncias como “fuga de hogar”[1] o simplemente la caratulan con un genérico “s/denuncia”[2] dificultando las tareas de búsqueda. Las fiscalías provinciales -incluso algunas federales- piden a las familias de las víctimas pruebas fehacientes que demuestren un rapto o la retención contra su voluntad; de lo contrario -dicen- no pueden actuar. En off, muchos funcionarios judiciales admiten no saber cómo implementar la instrucción investigativa de este tipo de delitos o en cuanto a la desaparición de personas.

Grupos vulnerables

En su mayoría, las esclavas sexuales provienen de familias pobres y con pocos recursos económicos, donde el círculo de contención social es limitado. Al apuntar a los sectores sociales más bajos, las mafias se aseguran que sus familias raramente podrán acceder a la justicia y al dinero que implica emprender una búsqueda.

Viven hacinadas en prostíbulos disfrazados de wiskerías, cabarets y bares de copas al costado de las rutas más activas del Mercosur, las mismas que se utilizan para el transporte de pasajeros y mercancías. En la Patagonia, la migración de esclavas sexuales se da al ritmo de la temporada minera, la explotación petrolera y pesquera.

En Santa Cruz y en Santiago del Estero se han detectado casos de niñas que inicialmente fueron engañadas con la promesa de un trabajo como cocineras o mozas. No poseen protección alguna del Estado, ni siquiera la escolarización mínima o un plato de comida diario asegurado. En ellas, los tratantes basan su materia prima.

Siempre está la presión, la tortura y la amenaza a las chicas y sus familias para garantizar un máximo de vida útil que puede llegar a los diez años de explotación. Hay testimonios de chicas que afirman haber sido abusadas por los mismos funcionarios judiciales que intervienen en estos casos, muchos de ellos con vínculos en grupos mafiosos que controlan un territorio específico por el cual se transan todo tipo de negocios ilegales y representan una fuente de poder real sobre la población.

Los sectores sociales medios tampoco escapan. Con mejores niveles de educación y cultura general las bandas de proxenetas diversificaron su oferta y proveen sus “servicios” a una clientela menos “primitiva”.De hecho los casos más conocidos, como el de Marita Verón (la joven tucumana de 26 años[3]), el de la ciudadana suiza Annagreth Würgler (23 años) en La Rioja,  la entrerriana María Fernanda Aguirre (13 años); o la desaparición de Andrea López (23 años), o la alemana Nikola Henkler (28 años), confirman la regla. El caso más paradigmático que documentó el Programa Nacional Anti Impunidad sobre esta variedad de secuestros es el de Andrea R. quien había desaparecido durante sus vacaciones en La Pampa en 2004 y fue rescatada varios meses después en un prostíbulo de La Rioja. Era estudiante universitaria, de clase social media alta, que viajó con su notebook, una filmadora digital y otras pertenencias de valor.

El tercer negocio ilegal más lucrativo

Además de ser amoral, la trata de personas es una actividad muy lucrativa. Ocupa el tercer lugar en el mundo después del tráfico de drogas y armas. Muchas mujeres, niñas y adolescentes son engañadas o forzadas a golpes y torturas a prostituirse. Este “negocio” ilegal se potencia por el capitalismo y la globalización, donde el trabajo esclavo en cualquiera de sus formas resulta “rentable”.[4]

Una chica significa para su explotador alrededor de 18 mil pesos mensuales ya que una jornada de trabajo de no menos de 14 horas rinde 600 pesos diarios. Cada proxeneta regentea en promedio diez chicas a la vez, aumentando el volumen de ganancia sobre la explotación sexual a 180 mil pesos mensuales, a los cuales hay que sumarles los dividendos del alquiler por grupos para fiestas privadas, de la venta de drogas a los clientes y a las explotadas (que como si fuera poco se les descuenta de su presunto salario, que sólo cobran en bonos canjeables por comida, ropa o cigarrillos al interior de los prostíbulos).

La venta de mujeres es un negocio aparte. Aquellas que fueron rescatadas y sobrevivieron para contarlo, cuentan detalles del horror. En los expedientes judiciales consta que son vendidas entre 150 pesos y 5.000 pesos. El sistema de plazas -el tiempo de trabajo en un local- les sirve a los explotadores para hacer rotar a los planteles de sus prostíbulos y no “aburrir” a los clientes. En el caso de la trata el período se extiende indefinidamente en el tiempo hasta que las chicas “paguen” con su cuerpo el monto por el que fueron vendidas; en su estadía, contraen deudas a diario por motivos tan absurdos como mirar mal a un cliente o a una compañera, estar con ropa no adecuada, negarse al pedido de algún cliente, charlar entre ellas y otras excusas que perpetúan el tratamiento esclavo y la rentabilidad del proxeneta.

Las víctimas de trata también son mercadería que está sujeta a la consignación. Hay testimonios en la justicia que confirman el método: son dejadas por su captor durante períodos de no más de 30 días y luego transferidas a otro local por un período similar de tiempo[5].

La Organización Internacional de Migraciones (OIM) ha iniciado una investigación a través de su proyecto de Fortalecimiento Institucional en la lucha contra la Trata de personas en Argentina (Fointra). Según afirmaron[6], se han detectado en el país cinco grandes redes de tratantes, vinculadas con pequeños tratantes, clanes familiares que se interconectan a través de la consignación y la venta directa. Algunas fuentes refieren, sin embargo, que las redes llegan a más de 20 y que cada una está compuesta por varios miembros de una misma familia[7].

El intercambio es en mayor medida dentro del país que fuera de éste, aunque Argentina “importa” chicas de Paraguay, Brasil, de algunos países centroamericanos como República dominicana, Puerto Rico, Colombia y Chile, donde el intercambio de mujeres por la frontera es más frecuente. También se “exporta” a España, que a diferencia de otros países latinoamericanos, ésta vía termina siendo una puerta de entrada a los países de Europa del Este.

El ex fiscal y actual Juez Subrogante del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 10, Alejandro Cilleruelo, afirma que la trata como proceso de captación, traslado y explotación se puede y de hecho se da dentro de las fronteras de nuestro país, de región a región. “Desde la praxis con casos concretos -dice- las organizaciones dedicadas a tratar personas generalmente poseen contacto con otras organizaciones que les proveen documentos de identidad adulterados –dadas las necesidades de clandestinidad de la organización misma, que sus componentes utilizan para evitar ser descubiertos-, o bien como un “rubro” más la comercialización de estupefacientes”[8].

Los casos

Recién a partir del caso de Marita Verón, los medios de comunicación comenzaron a mirar las historias que se tejían detrás de la trata de mujeres para su explotación sexual. El PNAI lo tomó como caso testigo y sobre él se montó la piedra angular para sensibilizar a la sociedad sobre la problemática. El sitio en Internet www.casoveron.org.ar sirve a la familia de Marita para contar la historia del caso sin intermediarios; también posee uno de los más abultados seguimientos de prensa sobre la problemática de trata.

Sólo en Tucumán, según Susana Trimarco (la mamá de Marita Verón) hay cerca de 70 denuncias de desaparición de niñas en los últimos 5 años. En Santa Fe un padre logró rescatar a su hija y una compañera de cautiverio de una banda que operaba en esa provincia y en Santiago del Estero, Córdoba y Buenos Aires. Su caso fue uno de los más paradigmáticos de la lucha contra la impunidad en este delito. Las jóvenes contaron con lujo de detalles el secuestro de una y el engaño de la otra para cooptarlas, también dieron como nunca antes datos precisos de los proxenetas -tres de los cuales eran vecinos del barrio- y de los locales donde las obligaban a prostituirse; incluso contaron cómo les consiguieron pasaportes para “venderlas” al extranjero. Pero la mala administración de justicia le abrió el camino a la extorsión y las amenazas a las víctimas y sus familiares[9].

En La Rioja desaparecieron la ciudadana suiza Annagreth Würgler de 23 años en agosto del 2004 y Ramona Mercado de 13 años en abril del 2005; en Entre Ríos María Fernanda Aguirre de 13 años en julio del 2004; en La Pampa desapareció Andrea López de 23 años en febrero de 2004; en Bariloche la ciudadana alemana Nikola Henkler de 28 años en diciembre de 2002. Las pistas de todos estos casos apuntan a un mismo fenómeno y parte de esto se sabe gracias a las chicas recuperadas que a pesar del calvario que han vivido tienen la valentía de brindar su testimonio sin garantías a su seguridad.

Hecha la ley…

En pocos casos los jueces y fiscales utilizan la legislación vigente. La jueza del Tribunal de Menores Nº1 de Necochea, Ana María Bernall, fue pionera en aplicar los principios de asistencia a la víctima previstos en el Protocolo de Palermo[10], que funciona como complemento de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Bernall se valió de este instrumento -que tiene carácter constitucional- para embargar los bienes de los proxenetas y apuntar directamente contra el negocio.

El Protocolo de Palermo define la trata como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una stuación de vulnerabilidad […] con fines de explotación”. Estipula además que la víctima debe ser protegida por las instituciones del Estado, no expulsada ni detenida por los delitos a que ha sido coaccionada, como usar documentos falsificados, haber ingresado ilegalmente al país, vender droga, etc.

El ejemplo de Bernall es una excepción; lo habitual es que la justicia interprete de otra forma la legislación. En la mayoría de los casos no se considera delito el ejercicio de la prostitución por cuenta propia, aunque es prácticamente imposible ejercer la prostitución de modo independiente. Es habitual pedirle a las víctimas las pruebas de que habían sido secuestradas u obligadas a prostituirse para investigar la trata.

“Hablan del libre consentimiento de las supuestas víctimas -sostiene Luis Bordón, coordinador del PNAI- pero lo cierto es que el Protocolo de Palermo, que tiene carácter constitucional, es claro en este sentido: el consentimiento supuesto no anula el delito porque una persona puede decir que prefiere seguir siendo esclava y sin embargo eso no justifica la esclavitud ni quita responsabilidad a quien se aprovecha de una vulnerabilidad extrema”.

Argentina tiene en su legislación varios instrumentos vigentes además del Protocolo de Palermo. En 1949 el país adhirió a la “Convención para la represión de la trata de personas y explotación de la prostitución ajena” de la ONU que contempla la explotación organizada.

El Código Penal prevé como delito federal tanto el delito de secuestro y privación ilegítima de la libertad (arts. 142 bis y 170) como la adulteración de documentación (art. 292). La ley persigue también la asociación ilícita (art. 210), el proxenetismo (art. 181)  y la facilitación a la prostitución (art. 179). Y contempla la protección de los testigos (art. 79 y 80).

Los jueces y fiscales pueden también pueden remitirse a la “Convención contra la esclavitud” de 1926, la “Convención Complementaria sobre abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas” de 1956, la “Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes” de 1984. Si ello no es suficiente pueden invocar la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” de 1979 que establece que los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer; o el “Pacto de San José de Costa Rica” de 1969 que prohibe la trata de mujeres; o la Convención sobre los Derechos del Niño” de 1989 que prohibe la explotación de los niños en la prostitución u otras prácticas ilegales; o el “Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” de 1966 que establece que los Estados deben garantizar a todas las personas un nivel de vida adecuado, alimentación, vestido, vivienda, educación y una mejora continua en sus condiciones de vida.

Hecha la trampa…

El Estado Argentino es considerado uno de los países que más Convenios ha refrendado, pero la realidad al interior de sus fronteras es muy diferente.

Denunciar el delito de trata es enfrentarse contra un sistema burocrático que propicia la impunidad. La falta de una legislación federal clara y taxativa permite a las redes de proxenetas deambular con su mercancía por diferentes jurisdicciones judiciales sin temor a ser procesados; las complicidades con quienes tienen que impartir justicia llegan a ser tan evidentes que no pueden ocultarse. Así lo reconocen desde la Defensoría del Pueblo de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Oficina de Asistencia a la Víctima de la Procuración de la Nación, y el Ministerio del Interior, entre otros.

Los principales entes gubernamentales y no gubernamentales que trabajan sobre el tema, como el Programa Nacional Anti Impunidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la Organización Internacional de Migraciones, la Red No a la Trata y los organismos gubernamentales citados anteriormente -entre otros- reconocen que hay una actitud pasiva de la justicia ante el delito de Trata.

La Procuración General de la Nación ha creado una Fiscalía temática (Delitos Sexuales). Junto con la Oficina de Asistencia a la Víctima son el principal frente de lucha desde el Poder Judicial. Desde allí nació uno de los cinco proyectos de ley que todavía esperan ser debatidos en el Congreso para sancionar una legislación adecuada que equipare el derecho interno a los estándares internacionales.

Según el Ministerio Público Fiscal, entre 2002 y 2005 hubo sólo 4 condenas por promoción o facilitación de la prostitución simple en la ciudad de Buenos Aires. En el mismo período se registraron dos casos con autor no identificado y 36 con autor identificado; pero de los 38 casos totales sólo 16 lograron llegar a la etapa de juicio oral. La Justicia penal de instrucción cuenta con 49 fiscalías que pueden investigar este tipo de delitos. La OIM sostiene que con esa estructura, comparando los datos de 5 años, ni siquiera se llega a un promedio de al menos una investigación por fiscalía para este tipo de delito.

En cuanto al delito en sus modalidades agravadas, los datos indican que entre 2000 y 2005 ingresaron un total de 43 casos (86 por ciento con autor identificado), de los cuales fueron elevados a juicio 19 casos y se obtuvieron 9 condenas (20 por ciento de los casos que ingresaron en ese período). El dato representa un promedio de 1,8 condenas por año en casos graves de promoción y facilitación de la prostitución.

En el día a día, en la realidad más cruda, las familias que intentan recuperar a sus hijas tienen que tener el tiempo y el dinero para realizar las denuncias en cada provincia donde se supone que está su hija, y presentar un abogado matriculado en cada jurisdicción. En el caso Verón, por ejemplo, la familia recibió pistas que involucraban a las jurisdicciones de Tucumán, La Rioja, Catamarca, Córdoba, Chubut, Santa Cruz, Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza, entre otras. Las demoras en la concreción de los exhortos judiciales entre dos provincias argentinas demoran incluso más que los pedidos que efectúa Interpol entre los Estados.

El Programa Nacional Anti Impunidad, al igual que otras agencias estatales- ha alertado oficial y extraoficialmente al Estado y al Poder Judicial de la problemática. La adopción de un protocolo nacional sobre “desapariciones” permitiría establecer mecanismos concretos para garantizar la búsqueda inmediata y efectiva. Por otra parte, las falencias en la ayuda social, la mala imputación del delito, la ausencia de una legislación apropiada, la jurisprudencia aplicable, el deber de proteger a las víctimas, la necesidad de documentar y estudiar seriamente el fenómeno, están a diario en la agenda de trabajo. También la Red No a la Trata[11] hace una extraordinaria labor al coordinar por internet a defensores de los derechos humanos, ONG y agentes estatales interesados en cambiar esta realidad. Esta red ha forzado al Parlamento a debatir el problema y ha expuesto los intentos de utilizar esta coyuntura para sancionar una ley que aborda la problemática sólo parcialmente[12].

Subculturas

Impresiona escuchar los relatos de las chicas recuperadas, de los jueces y fiscales, de las policías, de los funcionarios estatales, de los militantes, de los políticos. Cada sector combina realidades conformando subculturas que entrelazan intereses diversos en todas las clases sociales.

Pero sin dudas, un capítulo aparte es el cinismo con el que las agencias estatales se encargan de la asistencia social de las familias que pasan por una situación de trata. Pasado el momento explosivo de la exposición pública del caso -tal vez la única forma de llamar la atención del Estado- y de las migajas obtenidas por planes sociales que sostienen rudimentariamente a las familias de su descomposición, las madres y padres se convierten poco a poco en mendigos de la ayuda social. Susana Trimarco ha roto los tímpanos de más de un funcionario para sostener la búsqueda de su hija.”El Estado me tiene que devolver a mi hija, yo no tengo porqué estar llamando a los funcionarios todos los días desde hace cuatro años para que se muevan y hagan algo”.

Lo que si dejó al descubierto los gritos de la mamá de Marita Verón, es que no hay trabajo interdisciplinario, no hay cooperación interestatal, no hay soporte estatal para garantizar el acceso a la demanda judicial de un sistema que oprime a quien no puede pagar un buen abogado. Tampoco parece haber voluntad política para establecer círculos de contención y protección de las víctimas, las abogadas y abogados que litigan en defensa de estas nuevas desaparecidas y son sujetos de amenazas, incluso de sus familiares.

La prostitución dejó de ser el eje con el cual miramos al problema. Se trata ni más ni menos que un “estado” disociado de lo moral; bandas organizadas en red comercian con seres humanos para satisfacer algo más que la demanda de sexo, sometiendo a la mujer como objeto de abuso transable sin importar si hay consentimiento o no.

En este marco complejo, la Universidad tiene la obligación de involucrarse sin medias tintas en mirar, investigar, documentar, estudiar y analizar el fenómeno. Es estratégicamente necesario poner en lo más alto debate social y académico esta nueva forma posmoderna de esclavitud.


[1]    La desaparición de Otoño Uriarte, una joven de 16 años que desapareció el 23 de octubre de 2006 en Rio Negro, fue caratulada como “fuga de hogar” a pesar de que no hay indicios de que la menor se haya fugado de su casa.

[2]    Carátula de la causa Nº640, Juzgado de instrucción Nº7 (Santa Fe) en la que se investigó el caso de las jóvenes santafecinas Romina Gamarra y María Cristina Ojeda.

[3]    Caso Verón: http://www.casoveron.org.ar

[4] Colectivo de Generos de Indymedia Argentina.

[5]    Documentado en la causa Gamarra-Ojeda.

[6]    Marta Vasallo, “Desaparecidas”. Le Monde diplomatique, Ed. Cono Sur – Enero 2007.

[7]    “La nueva esclavitud: se venden chicas desde 150 pesos”, Diario Clarin. Suplmento Zona, 26/11/2006

[8]    Persecución penal del delito de Trata. Seminario de Fointra (OIM), noviembre 2006.

[9]    “Preguntas urgentes”(10/11/2006), “El secuestro, la huida, las amenazas” (19/11/2006 ) y “La misma historia” (24/11/2006). Marta Dillon. Suplemento Las/12, Diario Página 12.

[10]  Ratificado por la Argentina en noviembre de 2005

[11]  http://ar.groups.yahoo.com/group/rednoalatrata/

[12]  “La ley y la trampa”. Roxana Sandá. Suplemento Las/12, Diario Página/12. Ed. 15/12/2006.

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