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Economía, Verdad y Justicia

Por un nuevo BCRA

Sergio Agustín Sorin, DNI Nº 22823902, casado con un hijo, ciudadano argentino mayor de edad, me pronuncio en favor de la aprobación del pliego de Mercedes Marcó del Pont como Presidenta del Banco Central de la República Argentina.

Permitanme manifestarles que no comparto las excusas políticas y técnicas por las cuales se cuestionan la idoneidad de la Doctora Marcó del Pont. Estoy convencido que la discusión de fondo es otra.

Comparto los argumentos de Proyecto Sur en cuanto al carácter ilegítimo de la deuda externa y la necesidad de investigar penalmente a los responsables. Esta es una deuda que debe saldarse junto con la necesaria reforma de la ley de entidades financieras, guardando coherencia con las políticas de derechos humanos y recuperación de la memoria de los crímenes de lesa humanidad. Pero no concuerdo con que es ilegítimo el uso de una parte de las reservas para el pago de una deuda que pone un cepo al desarrollo de la Argentina.

Comparto en pleno la visión de Eduardo Sigal en cuanto a que “lo que debe discutirse es si el Banco Central es un instituto técnico que está por fuera de la política y del resultado de las elecciones o un instrumento del Estado democrático; o también si el sentido excluyente de las reservas es asegurar la estabilidad de la moneda, como quedó implantado en los años noventa; si se está por una concepción del Banco Central al servicio de un proyecto de desarrollo, la utilización de las reservas puede no ser el único camino, pero es un camino válido para afrontar vencimientos de la deuda sin afectar el empleo, el salario y la producción”.

Marcó del Pont se ha pronunciado abiertamente por reformar la carta orgánica del BCRA. Su designación no debe estar tomada en función de una medida económica, sino que por el contrario, debe ser un impulso que le imprima un nuevo rumbo.

En 1976, cuando fue derrocado el gobierno de Isabel Martínez de Perón, el país tenía una deuda externa de 4.940 millones de dólares (sólo una pequeñísima fracción del PBI). Al caer la dictadura (1983) la deuda ascendía a 44.438 millones de dólares (el 65% del PBI) y se fugaron del país 30 mil millones de dólares. El fracasado blindaje mentado por Domingo Cavallo en el gobierno de la Alianza -el mismo que como presidente del Banco Central estatizó la deuda privada- marcó el final de un ciclo infame que totalizo una deuda astronómica en proporción a nuestro PBI.

En el pasado, y de la mano de varios presidentes del BCRA -como el ministro de economía del actual senador Carlos Menem- se manipularon las tasas de interés dando lugar a la creación de una deuda externa sin precedentes, para lo cual se subsidió masivamente al sector financiero. La sobrevaluación del peso y la reducción de los aranceles a la importación golpearon a las Pymes, propiciando el desempleo de más de 4 millones de argentinos.

El mecanismo del sobre-endeudamiento funcionó a conciencia por parte de los diferentes presidentes del BCRA, permitiendo la venta irrestricta de dólares y la licuación de las reservas, ya que que no sólo no se pagaba sino que ésta se refinanciaba con nueva deuda. El BCRA propició en el pasado la fuga de capitales, al colocar en el mercado desrregulado los dólares contraídos en cada nueva deuda en consonancia con una política basada en el culto al “libre mercado” en detrimento de las empresas públicas, las cooperativas y las Pymes.

Fue el actual Gobierno que llevó a cabo la más digna renegociación de la deuda en toda nuestra historia y alcanzó una quita superior al 70%, en paralelo con la recuperación económica más virtuosa de la historia de la República Argentina.

En mi opinión la designada presidenta del BCRA, Mercedes Marcó del Pont, posee sobrados méritos académicos y profesionales para su designación. Estoy convencido que defenderá una política distinta que aquella que nos llevó a que sean la especulación financiera más importantes que la salud, la vivienda, la educación, el trabajo y el bienestar de los argentinos.

Es público y notorio que su pensamiento y convicción van en sentido contrario al de otros Presidentes del BCRA como Martín Redrado, Pedro Pou, Roque Fernández, o Domingo Cavallo, este último llegó a ser presidente del BCRA sin aprobación de legislador alguno, ya que su designación se produjo durante la vigencia de la dictadura militar, hecho que no impidió que ocupase importantes cargos en gobiernos constitucionales en alianza política con muchos de los actuales legisladores del Congreso Nacional.

Según el Ministerio de Economía, en 2003, la deuda en relación al PBI de la Argentina superaba el 139% y a fines de 2009 estaba apenas por encima del 49%. En el suplemento CASH de Página/12 (21/02/2010) según datos del FMI, surgen datos sorprendentes: en Francia llega al 185,6%, en Alemania al 152,1%, en Italia al 118,5%, en Estados Unidos al 95,2%. En la edición de marzo 2010 del prestigioso medio Le Monde Dilomatique (Pg. 7 N°129) se dan a conocer datos de otros países como España 54,3% (66% más en relación a 2008), Portugal 77,4% e Irlanda que pasó del 25% en 2008 al 66% en 2009.

En este contexto, me pregunto si no es una burla de algunos dirigentes políticos cuestionar el criterio de “necesidad y urgencia” que la de presidenta Cristina Fernández le imprimió al decreto que dicta el uso de las reservas, en una economía mundial que se desploma por culpa de las mismas políticas económicas que en el pasado destruyeron nuestro país.

Como ciudadano, no justifico bajo ningún concepto que la venganza política -camuflada en el tecnicismo de cuestionar el procedimiento de cumplimiento de una ley, como lo es el DNU- sea el motor del “nuevo” Parlamento.

Respetuosamente,

Sergio Sorin
Periodista y militante por los derechos humanos.

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