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Preguntas, Verdad y Justicia

Los nuevos medios en la lucha contra el delito

Seminario ALAS

Buenas tardes. Quiero agradecer a la Defensoría del Pueblo, en particular a su titular Alicia Pierini, a “Familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas”, a Graciela Lois, a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y al resto de los organizadores que me permiten exponer algunas ideas en este seminario.

La experiencia que voy a contarles tiene que ver no con ya con el delito convencional, que ocupa en forma central los medios masivos con voces informativas de los grupos económicos concentrados, sino con el crimen organizado, sea estatal o para-estatal (de lo que rara vez se ocupan).

Pero antes quisiera establecer ciertos parámetros para hablar de los medios y la lucha contra el delito y contarles la experiencia que realizamos con varios defensores de derechos humanos.

1.    El “delito” desde la visión de los derechos humanos.

a.    Existe una deferencia meridiana entre el “delito” cometido por particulares y el cometido por sujetos que representan al Estado. Parece obvio, pero hay que volver a decirlo: una cosa son las “violaciones de derechos” cometidas por particulares y otra es cuando éstas las realiza el Estado a través de sus policías o agentes gubernamentales. No es lo mismo y las narraciones deben reconocer esa diferencia (algo que no ocurre, ya que la naturalización de la violencia, su uso como herramienta política, la comercialización del miedo, la irresponsabilidad empresaria y la mala formación de los profesionales de la información conspiran cotidianamente para simplificar el concepto de “derechos humanos” y la “violencia institucional”

b.    Por otra parte, vulnerar derechos es también el abandono de un grupo social, su invisibilidad de la agenda pública, su segregación y ausencia de beneficios sociales para garantizar su capacidad de sobrevivencia. El delito y las vulneraciones de derechos cometidas en este contexto tienen un particular enfoque punitivo en las narraciones realizadas por los medios de los grupos económicos concentrados.

c.    También son violaciones a los derechos humanos cuando el Estado (no un gobierno, sino el conjunto del Estado -y en estos tiempos pongo la mirada especialmente sobre el sistema penal-) opera por acción u omisión en la invisibilización de un grupo social negándole el derecho de acceder a la justicia. Cuando digo “invisibilización” me refiero a la ausencia de espacio, tiempo y calidad informativa sobre la violencia institucional. Dicho de otra manera, son ínfimas las consecuencias penales en los casos de gatillo fácil, y por lo tanto también es ínfima la cobertura mediática ante estas violaciones a los derechos humanos.

2.    El segundo parámetro tiene que ver con definir los “nuevos medios” como aquellos que permiten ser apropiados libremente por todos, o sea, aquellos que están basados sobre las comunicaciones desrreguladas en su contenido. Editar un periódico o revista, instalar una radio o transmitir videos fueron acciones comunicacionales que recién con la aparición de Internet dejaron de ser una posibilidad excluyente del poder concentrado (privado o estatal).

3.    El tercer eje es la discusión sobre el “contenido” a informar, a compartir en esos “nuevos medios”, porque el cambio social en materia de defensa de derechos creo que se sustenta sobre esta clave. La capacidad de informar un hecho y lograr este objetivo depende más que nunca de aspectos tales como la “veracidad de la información”, “la velocidad de propagar esa información veraz”, “el contexto social, económico y político en que esos hechos veraces ocurren”, y el alcance (es decir, que esa información veraz llegue a las personas indicadas y logre movilizarlas en una dirección específica).

Es sobre estos ejes y su marco diferencial que les voy a contar dos experiencias que realizamos y que me parecen rescatables para pensar el rol de los nuevos medios.

El caso de Sebastián Bordón (cometido por policías):

En 1997, en el Nihuil, un sitio turístico cercano a San Rafael, en Mendoza, Sebastián tuvo un episodio de pánico durante su viaje de egresados y necesitó asistencia psiquiátrica. Los policías del lugar que lo tuvieron bajo custodia lo molieron a palos para controlarlo. El chico agonizó en un sótano porque los policías no podían justificar su acción. La policía desvió la búsqueda a otros lugares (dijeron que se había vuelto a Bs.As solo, que escapaba de su familia por temor al maltrato). Pero la presión de la familia y sus vecinos que viajaron hasta el lugar -y las enormes falencias en el relato policial- forzaron la aparición del cuerpo a los 10 días en un acantilado, simulando una caída.

Tomamos el caso un año antes del juicio oral con pruebas indiciarias que indicaban cómo habían sucedido los hechos, pero también con una férrea reticencia del poder judicial de la provincia a investigar y con una negación evidente de la clase política mendocina, quienes defendían a la policía y atacaban a la familia de Sebastián desde el grupo de medios Vila-Manzano. Vale recordar que la policía de Mendoza era en ese momento la única fuerza de seguridad que no había sufrido ningún tipo de reforma pos-dictatorial y que ésta fuerza tuvo jurisdicción total y exclusiva en la represión de la dictadura militar en la provincia.

Lo primero que hicimos fue narrar el caso con las pruebas que había al momento. Realizamos una cronología detallada y una secuencia lógica de hechos. Por lo tanto establecimos preguntas centrales sobre el accionar de la policía durante la custodia del chico.

Lo segundo fue establecer una estrategia de difusión de esa información y de respaldo social al trabajo que estábamos realizando. Así fue que comenzamos a tomar contacto con periodistas de las secciones policiales, primero, y de política después, a quienes les narramos la brutalidad del crimen y el contexto histórico, político y judicial en el que se dio.

El objetivo era instalar el caso en la agenda pública nacional para que el hecho no quede en el contexto provincial, al tiempo que reproducíamos todo lo que salía publicado sobre el caso en Internet, como una suerte de espejo de la opinión pública.

Formamos entre la familia de Sebastián, sus abogados y un grupo de activistas por los derechos humanos, una redacción de noticias virtual. Publicamos el sitio en Internet casobordon.org.ar y creamos una lista de email con todos los periodistas que íbamos contactando. Periódicamente les informábamos el avance de la causa judicial, las acciones de la familia, opusimos a la versión de que los Bordón eran narcotraficantes y que el chico era una “mula” de la droga, la realidad de una familia humilde y trabajadora del conurbano bonaerense. Durante el juicio establecimos una cobertura diaria de calidad, llevando el relato judicial de la causa (esto es, las fojas concretas, fotos y demás pruebas del expediente judicial) al email de cada periodista que cubría el caso.

La clave fue actuar como auxiliares de los medios de comunicación, simplificando la tarea del periodista.

Era la primera vez después del juicio a las Juntas Militares que se generaba un flujo informativo riguroso de un caso de derechos humanos y lo hicimos sin saber las consecuencias impensadas que iba a tener: después de unos meses en los diarios veíamos que los medios reproducían párrafos completos de nuestras crónicas, que citaban a diario el sitio en Internet como fuente; incluso los poderosos TN y Telenoche de entonces dedicaron bloques completos a explicar cómo funcionaba el sitio casobordon.org.ar.

Antes de tomar el caso, lo poco que se sabía públicamente era que Sebastián fue un loquito que le cagó el viaje de egresados a sus compañeros y que creía que podía hacer lo que quisiera, incluso con la policía. Para el comienzo del juicio oral ya se hablaba de una violación a los derechos humanos, de la agonía que sufrió durante 10 días (porque no murió por los golpes, sino por la deshidratación y el abandono), se hablaba cada vez más del cuestionamiento a la poderosa policía mendocina y de la incomodidad política de enfrentarse a una inevitable reforma policial.

Casi todos los policías fueron condenados y su prisión fue confirmada por todas las instancias judiciales. El caso dio la vuelta al mundo y provocó el descabezamiento de la cúpula policial de Mendoza y su primera reforma en democracia, algo que no había logrado ni la probada desaparición forzada de los muchachos Garrido y Baigorria unos años antes, caso en el que la Argentina fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El caso de Marita Verón (una desaparición, cometida por una red de trata que funciona con la complacencia estatal):

María de los Ángeles Verón es tucumana y en 2003 fue secuestrada en la esquina de su casa por una de las tantas redes de trata y tráfico de mujeres para la prostitución que funcionan en el país. Su mamá, Susana Trimarco, presentó en 2005 su caso al Programa Nacional de Lucha Contra la Impunidad (donde trabajo), luego de que la justicia diera por acreditados los testimonios que indicaban que Marita estuvo cautiva en wiskerías de La Rioja, y tras intentar -por años- movilizar infructuosamente la investigación judicial.

En ese escenario, el caso era un ejemplo más del calvario al que están sometidos los familiares de las víctimas, quienes nadan en soledad contra la corriente de un sistema que los invisibiliza. Pero en este caso, teníamos no sólo el calvario de su familia, sino también una serie de elementos que nos permitirían poner en cuestión el poder de las mafias que operan abiertamente sobre algo tan naturalizado socialmente como la prostitución.

Al igual que el Caso Bordón establecimos una estrategia de similares características, pero sabiendo que el caso no se agotaría una vez concluido el juicio. Exponer la problemática del secuestro de personas, su venta y explotación, implicaba hablar de un negocio robusto por deducción. En aquel entonces, en Argentina no había Ley de trata, ni oficinas de asistencia específicas, ni convenios provinciales, ni protocolos de actuación policial, ni nada. Había sí leyes que penalizaban el proxenetismo, una gran nebulosa legal en relación a la estúpida creencia de que no hay explotación si hay consentimiento, una gran ausencia del Estado ante la problemática, y por sobre todo, la complicidad por acción y por omisión de grupos en los que confluían la policía, políticos, jueces, fiscales y empresarios informales.

En el sitio casoveron.org.ar expusimos que secuestrar a una persona conlleva una complejidad particular porque requiere la capacidad de reducción del sujeto a secuestrar, su traslado, su cautiverio y su explotación ante el consumidor, por lo tanto el secuestrado está ante la exposición de muchas personas. Para que un secuestro sea rentable se necesita una garantía para la explotación. Esa garantía sólo se obtiene controlando el territorio y quien controla el territorio para este fin controla las principales rutas de conexión por la que transitan otro tipo de mercancías (además de personas, drogas, armas, autos, producción agrícola y ganadera, electrodomésticos, etc). Pero monopolizar todos los rubros implicaría establecer una competencia descarnada en contra de otros grupos similares. Por lo tanto deviene necesaria la diversificación del negocio y su operatividad mediante la articulación de redes. Sólo de esta manera se garantiza el poder suficiente y la participación social necesaria para hacer sustentable la explotación de seres humanos como negocio. Y nadie controla en soledad un territorio tan grande y vasto como el noroeste argentino. De igual forma, es virtualmente imposible desplegar este mercado a espaldas de la fuerza pública, o mejor dicho, de la administración pública.

En todos los casos que estudiamos desde entonces no hubo uno sólo en el que no hubiera policías involucrados; no hubo uno sólo en el que en algún momento de la causa judicial no se acusara a las víctimas de trata de dar el consentimiento para ser explotadas; no hubo uno sólo en el que no hubiese registro de que las familias de las víctimas pidieran el auxilio al Estado; no hubo uno sólo en el que las familias y los grupos de apoyo de derechos humanos no hubiesen recibido amenazas e intimidaciones.

En el caso Verón tuvimos pinceladas de la problemática. A la realidad del caso concreto, eclipsado por la grandeza del negocio, le pusimos la marca de narrar la historia de la familia Verón, una familia de clase media tucumana, católica, creyente en las bondades del ser humano.

La estrategia que utilizamos fue simple y efectiva. Al principio sólo algunos medios comenzaron a tratar el tema y exponer la enorme ausencia del Estado en la cuestión. Al igual que en el caso Bordón, amplificamos mediante internet y la articulación de redes de periodistas y ONGs la información judicial fehaciente que lográbamos obtener. Los trabajos de periodistas como Cristian Alarcón, Sebastián Hacher, Marta Dillon, Luciana Peker, Roxana Sandá y otros colegas profundizaron a nivel nacional los relatos del horror y la urgencia.

A los muchos méritos de la mamá de Susana Trimarco, se le puede destacar su capacidad por comprender que su caso representa la soledad de una madre de clase media por encontrar a su hija desaparecida y obligada a prostituir. La identificación social fue casi inmediata. Lo demás ya es historia conocida: Susana es nombrada “mujer destacada” por el Departamento de Estado de los EEUU y su historia se convierte en una telenovela de TELEFE, vista por millones de personas durante seis meses. Paralelamente, los casos de trata comienzan a multiplicarse en los tribunales y el Congreso aprueba una ley Contra la Trata que, paradójicamente, sólo es aplicable a los menores de edad, pero no a las mayores por considerar que es difícil probar el consentimiento para -como dijo un psicoanalista amigo- ser violadas infinitas veces.

Para concluir con el caso, una de las claves fue poner en contexto la desaparición de Marita Verón. Lamentablemente, al día de hoy y por demás esfuerzos que realizamos, no logramos que en el país que fue símbolo mundial de los Desaparecidos de las dictaduras militares aún hoy no exista un protocolo de actuación ante la desaparición de personas. Como ustedes saben, las policías, fiscalías y juzgados continúan hoy respondiendo que ante una desaparición hay que esperar entre 24 y 48 horas para ver si el sujeto aparece.

Conclusión: Hay mucho para contar sobre la incidencia de internet en la lucha contra el delito y las mafias. Yo les conté sólo dos casos y como a pesar de la diferencia entre ambos y el tiempo transcurrido entre uno y otro (casi 7 años) persiste una metodología válida de acciones en defensa de los derechos humanos, y que cada vez está más al alcance de todos. Las claves están en:

  • documentar información veraz
  • rescatar las historias de vida de las víctimas
  • generar insumos de información para otros medios de información
  • replicar el reflejo del caso que publican otros medios
  • crear redes críticas que permitan mejorar la información producida
  • analizar contextos políticos y sociales acotados y fundados

Es cierto que no todo el mundo tiene internet, y aún hoy una gran mayoría no sabe cómo usarla. Pero sí creo que puede establecerse cooperación internacional y local efectiva para aumentar la capacidad de apropiación de herramientas de comunicación, incluso en los sectores socialmente más desprotegidos. A la fecha son muchos los sitios de información y grupos de comunicación que realizan una labor excepcional en este sentido. Prensa de Frente, Indymedia, La Vaca, Anred, la Walsh, la Tribu, la Red Farco y una lista muy larga de nuevos medios que dan espacio a un flujo informativo heterogéneo.

Muchos se asustan leyendo sus páginas por los constantes ataques discursivos contra el poder. Pero lejos de horrorizarse, hay que saber distinguir hechos puntuales y violaciones a los derechos humanos concretas. Todas ellas son narraciones emergentes que reflejan pinceladas del advenimiento de lo que el analista español Iván Briscoe describe como “Estados paralelos”, es decir, donde funcionan tanto el Estado de Derecho con una estructura de poder informal surgida de las entrañas del Estado, ligada orgánicamente al Estado, y que sirve a sus propios intereses sectoriales o institucionales en combinación con redes de crimen organizado. Ahí es donde está el desafío a descubrir de los llamados “nuevos medios” y el campo de acción futura del movimiento de derechos humanos, a mi humilde entender.

Muchas gracias.

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