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Preguntas

Cambiar el paradigma del sujeto como mercancía

Artìculo de opinión sobre las implicancias del decreto que prohibe la publicación de avisos de servicios sexuales, publicado en el suplemento Las/12 del 15 de julio de 2011

Por Sergio Sorin (*)

La trata de personas fue, es y será, una de las más crudas muestras de la ruptura del contrato social, porque cuestiona la doble moral de una sociedad que reclama igualdad de derechos mientras los viola sistemáticamente. Hoy existe una ley que la penaliza y dispositivos que protegen a los menores de su explotación. Pero demostrar el libre consentimiento para que un sujeto –adulto o no- decida explotarse sexualmente sigue siendo el epicentro del debate.

Las condiciones sociales, económicas y culturales actuales de la prostitución la equiparan con la esclavitud. El sujeto prostituido es un objeto transable en el mercado. Su propio deseo sexual no importa, sólo la utilidad. La cosificación del ser humano implica también su desprotección. ¿Puede alguna trabajadora o trabajador sexual asegurar que jamás sufrió violencia física durante su explotación laboral? ¿Qué garantías reales se ofrece a quienes desean salirse del circuito que los contiene? ¿Qué alternativas laborales disponen? ¿Pueden independizarse de las estructuras empresarias que las explota?

La marginalidad solo agrava el problema. La connivencia y la impunidad también. Durante décadas las policías, fiscalías y juzgados no actuaban antes de las 48 horas, replicando el axioma de la Dictadura ante una desaparición; las familias debían probar la desaparición para iniciar la búsqueda y quienes lograban escaparse no recibían protección alguna del Estado.

El movimiento feminista y de diversidad sexual denunció el tema una y mil veces. No fue sino hasta que el secuestro y desaparición de Marita Verón -uno de los casos más emblemáticos, aunque no el único- que el problema explotó. En 2004 fue caso testigo de un programa de lucha contra la impunidad -el entonces PNAI, ahora ProNaLCI-, creado por Kirchner en 2003 y dirigido por familiares de víctimas de violencia institucional, le dio a la familia contención simbólica y un método para comunicar al mundo su desgracia (www.casoveron.org.ar). Su caso inspiró una novela de TV vista por millones y Susana Trimarco -la valiente mamá- fue distinguida por su lucha, más allá de que el premio fue dado por el único país del mundo que señala la paja en el ojo ajeno (www.afnap.org).

Pero la verdadera alarma institucional se encendió cuando dos chicas fueron rescatadas por su propia familia ante la inacción estatal (12-11-2006, Clarín). La justicia federal de Santa Fe tuvo elementos para ir contra una de las más grandes redes de trata del país, pero sucumbió ante las presiones y al prejuicio de considerar que la marginalidad es equiparable a una ciudadanía con menos derechos (19-11-2006, Página/12). Hubo excepciones, como una jueza en Necochea que embargó bienes de los proxenetas, demostrando que se podía aplicar la ley existente (enero 2007, El Dipló).

Prohibir la publicidad de servicios sexuales en los diarios no es una medida de fondo -AMMAR sugiere un protocolo para identificar la estructura que está detrás sin forzar a sus 80 mil agremiadas a ser cooptadas nuevamente por los tratantes- y su eficacia es relativa porque existe internet. Extender allí la prohibición es riesgoso: los avisos pueden migrar a servidores en otros países con legislaciones más laxas. Establecer un control real de la red implica monitorear el enlace que conecta a la Argentina con el mundo y dar la discusión en un terreno pantanoso. Sin embargo, su anuncio es extraordinario porque al ser impulsado por la máxima autoridad política del país –en su condición de mujer y de presidenta- formula un cambio de paradigma que cuestiona el estereotipo que ubica a la mujer como una mercancía.

(*) Activista por los derechos humanos

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