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Comunicación, Preguntas, Verdad y Justicia

La reacción institucional porteña al estallido de diciembre de 2001

Tras el estallido de diciembre de 2001, la Legislatura porteña conformó una comisión ad-hoc para investigar la represión y auxiliar a las víctimas y a la Justicia en la investigación. Tuve el privilegio de trabajar en esa comisión coordinando el Centro de documentación www.20diciembre.org.ar e interactuar con legisladores, familiares de víctimas, abogados y militantes de derechos humanos. Años más tarde -en abril del 2007- presenté la siguiente ponencia en el “Primer Congreso Argentino Latinoamericano de DDHH”, mi trabajo final para el curso de posgrado sobre “Comunicación en las Oganizaciones Complejas” de FLACSO.


EL ESTALLIDO DE DICIEMBRE DE 2001

UNA REFLEXIÓN ACERCA DE LA RESPUESTA A LA CRISIS:

La “Comisión por la Verdad 20 de diciembre”
en la Ciudad de Buenos Aires

El 20 de diciembre de 2001 la Argentina experimentó un estallido social nunca antes visto. La crisis resultó de una acumulación de tensiones sociales que operaban en el país tras décadas de deterioro de todos los indicadores sociales. Los sucesos no se explican únicamente como resultado de acciones puntuales (saqueos, corralito financiero) o un complot político. Un contexto complejo fue mutando durante años en una forma particular de ver y actuar no sólo de la clase política sino del conjunto de una sociedad que se había mantenido al margen de los problemas sociales más urgentes durante la década del ’90.

Es notable la capacidad del modelo para encausar una crisis de semejantes proporciones. La devaluación de la moneda generó un cambio de modelo, pero no del paradigma, que aún hoy mantiene su vigor. En todo caso, hubo un reajuste del modelo en función del paradigma del capitalismo global. A cinco años, los efectos del estallido parecen difusos. Murieron 38 personas en todo el país y fueron cientos los heridos de la represión, muchos con daños físicos permanentes. No hubo medidas protectivas que les garantizara a las víctimas un futuro digno. Cuatro presidentes se sucedieron en el mes posterior a la caída de Fernando De la Rua [1]. A junio de 2002 -seis meses después del estallido- sólo un alto funcionario del Estado y seis policías estaban detenidos [2]. En el plano judicial la contundencia de las pruebas no fue suficiente para dictar una sola condena firme, ni reparación a las víctimas. Los hechos ocurrieron en un contexto de prácticas formales e informales de impunidad. En todos los ámbitos la cultura de la crisis debía su fundamento a las prácticas de una sociedad acostumbrada a la falta de justicia.

Para encontrar pistas que permitan analizar “el estallido” con profundidad es necesario remontarse a los momentos inmediatamente posteriores, cuando comienzan a elaborarse las explicaciones de los hechos. Una de las tantas búsquedas de respuestas –de ninguna manera la única- fue la “Comisión por la Verdad 20 de Diciembre” –creada tras el estallido en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con una composición tanto gubernamental como no gubernamental.

El 07 de marzo de 2002 la Legislatura sancionó la creación de una “Comisión para la verdad, justicia y reparación a las victimas de los hechos del 20 de diciembre del 2001. En los discursos [3] se criticó la forma en que el Estado Nacional hizo frente a las protestas populares. Concentrados en el deseo y necesidad de diferenciarse del resto de la clase política (Gabetta, C.: 2001) propusieron crear una “Comisión por la Verdad” compuesta -además de legisladores- por otros sectores sociales y de gobierno como los Organismos de Derechos Humanos, familiares de las víctimas y la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esta mixtura -tanto gubernamental como no gubernamental- influyó en que sus objetivos fueran la recopilación y preservación de pruebas de la violencia institucional, así como también la coordinación de la asistencia a la víctima.

No obstante, la creación y el funcionamiento posterior estuvieron signados por un marco social y político convulsionado. Las asambleas populares, los clubes de trueque -entre otras organizaciones que surgieron producto de la crisis- reflejaron formas de organización que se esforzaban por evitar reproducir las relaciones de poder que, a su entender, habían fracasado. Salvo casos contados, las propias víctimas y sus familiares no se sintieron parte de la Comisión. A la baja participación y protagonismo que tuvieron para crearla se le sumó lo que para muchos fue una contradicción insalvable: participar de una entidad que integraba a miembros de la vieja clase política. Más allá de la exactitud del planteo, consideraban que los miembros de la Comisión -exceptuando a los organismos de derechos humanos y los abogados querellantes- pertenecían a la clase política responsable de la crisis institucional; por lo tanto, participar en un mismo espacio político desnaturalizaba su reclamo.

Tras la euforia de los primeros meses y a medida que la Comisión daba sus primeros pasos, la gran mayoría de los legisladores fueron perdiendo interés. Las principales tareas ya estaban en marcha y la Justicia parecía dedicarse a pleno en la investigación. Hasta diciembre de 2003, momento en que concluyeron los mandatos de los legisladores, apenas sólo un imputado permanecía en prisión preventiva, mientras que el resto gozaba de una libertad cada vez más estable. La Comisión en sí no había fracasado en sus objetivos, pero éstos de nada sirvieron como instrumento práctico para juzgar a los responsables. A medida que esta realidad se vislumbraba, los sectores que en ella participaron comenzaron a retirarse y hacia el recambio parlamentario de diciembre de 2003 pocos propugnaron su continuidad.

TELARAÑAS DEL CONTEXTO

La crisis de 2001 no puede explicarse únicamente como el resultado de acciones y conductas especificas, que devinieron en acciones generadoras de la tensión suficiente para desencadenar los sucesos en cuestión. Hubo sin dudas un contexto complejo que fue mutando hasta desencadenar en una crisis generalizada. También hubo una forma particular de ver y actuar, no solo de la clase política sino del conjunto de una sociedad que se había mantenido al margen de los problemas sociales más urgentes durante la década del ’90. En efecto, como sostiene Luhmann (1990) “operamos en la telaraña que se teje al operar nosotros dentro de ella”.

El devenir histórico pareció tener un principio de ruptura hacia el final de la década. Su primer síntoma apareció ante un evidente cambio en la adjudicación de sentido a los hechos sociales y políticos. En menos de un año, las organizaciones sociales y políticas de base se multiplicaron con una rapidez inesperada. La exclusión social fue agrupando y movilizando a más de la mitad de la población en un cuestionamiento del modelo económico. La represión a las protestas era moneda corriente, en muchos casos ni siquiera eran noticia para la prensa.

Anthony Giddens, el sociólogo de la Tercera Vía, sostiene que los hombres actuales no pueden repetir experiencias del siglo XV porque las condiciones de actuación son diferentes. Es decir, siempre hay condiciones nuevas por la experiencia histórica incorporada. Esto puede ser más claro en un proceso de siglos que de décadas. Pero si tomamos como cierta la cita, a la distancia la ruptura no parece tan clara como se vislumbraba durante la caída del gobierno de De La Rua. Con matices diferentes, el sistema político y social mantiene hoy su vigor, lo que en todo caso muestra la necesidad de inscribirlo en un proceso de mayor duración, que no puede escapar a la globalización, tanto económica como cultural, que influyeron en la propia crisis.

ESTRÉS DEL SISTEMA SOCIAL

Las medidas económicas y políticas de fin de año actuaron sobre la sociedad como estresores [4] generando perturbaciones de carácter conductual que evolucionaron en protestas cada vez más masivas y que fueron reprimidas por el estado cada vez más violentamente.

Las elecciones de octubre del 2001 aportaron otra clave a la crisis. Con una tasa de participación electoral menor al 75% del padrón, unas de las más bajas de la historia, el “voto protesta” disolvió la confianza en los dos partidos mayoritarios, que primera vez en la historia obtuvieron menos de la mitad de los votos (sólo un 30%). El oficialismo lo interpretó como una señal del descrédito en el que había caído la clase política en su conjunto; mientras que para el peronismo se trató de una progresiva disolución de la Alianza (Escolar et al: 2002).

A diferencia de 1987, el gobierno perdió la iniciativa –cualquiera esta fuera – mostrando una ausencia de poder que alarmó a la sociedad y dejó el camino libre para las conspiraciones políticas. Esa anomia fue repudiada por el ruido de las cacerolas, de balcón a balcón, de ventana a ventana, de ahí a la calle y las esquinas, y de ahí a las plazas. La gente vio y escuchó a otros repitiendo la misma acción de protesta. Fue el contacto interpersonal el medio por el cual se articuló la protesta. Seguramente hubo tecnologías de la comunicación y la información facilitando la movilización, pero éstas fueron de pequeños grupos y no de las “multitudes inteligentes” en las que se inspira Howard Rheingold (2002) para justificar las grandes revueltas populares espontáneas en el siglo XXI.

Durante muchos meses antes –y muchos meses después- diversas expresiones sociales (partidos políticos, empresas, organizaciones no gubernamentales, asambleas populares, movimientos en red, vecinos y ciudadanos no agrupados) repetían que el modelo había fracasado, pero no quedaba claro si ello implicaba entender el fracaso en forma total o parcial. ¿Habría alguna faceta rescatable o todo debía ser subvertido?. ¿Se referían a la faceta política (de prácticas políticas), o económica (de formas de administración financiera de los recursos del país), o cultural (formas de expresión que definían un modo de hacer y comportarse con la cosa pública)?. La movilización popular de entonces respondió estos interrogantes en un cuestionamiento total del modelo. Meses después de que el gobierno de Eduardo Duhalde devaluara la moneda, permitiendo que un nuevo modelo económico comience a surgir, los sujetos de aplicación de dicho modelo habían encontrado mucho antes una dinámica sobre la cual construir un futuro posible [5], aunque sea no exento de conflictos y nuevas tragedias [6].

La implosión vivida hacia fines de 2001 repercutió en todo el sistema social. Tanto las instituciones de la República (poderes legislativo, ejecutivo y judicial), como los partidos políticos, o las organizaciones no gubernamentales, se vieron objeto de cuestionamientos por fuera y por dentro de estas. Mientras se discutía públicamente si el principal sistema de representación social había fracasado o no, por no haber podido garantizar la subsistencia misma de la población, en prácticamente todos los ámbitos las formas de organización dadas comenzaban a ser cuestionadas.

La crisis había obligado a replantear los lugares, interacción, acuerdos y posición dentro del sistema dado [7]. Al mencionarla y describirla en los espacios representativos de la vida pública, como las legislaturas, la crisis adquiría así su estatus formal [8].

LA COMISIÓN Y LOS ACUERDOS DE PRIMER ORDEN

Surgieron iniciativas desde todos los ámbitos (Perez, G.: 2002). La vida social de esos días tuvo un dinamismo pocas veces visto en los últimos treinta años. Los medios de comunicación recorrían a diario las asambleas populares, clubes de trueque, comedores populares, fábricas paralizadas eran recuperadas por sus trabajadores. El nivel de expectativa creció y el horror de lo vivido era sólo matizado por un futuro promisorio: “ya tocamos fondo… los políticos se equivocaron e hicieron la suya… ahora es nuestro turno… es momento de gobernar lo nuestro”, fueron expresiones frecuentes en la calle.

En los ámbitos legislativos la clase política comenzó a discutir cómo recomponer el sistema, al que definían “tejido social”. Como dijo en su momento el legislador socialista Roy Cortina, la clase política no podía mantenerse inerte frente a este escenario. Ante el descrédito, las respuestas válidas parecían venir o inspirarse en la participación pluralista y participativa como único modo de recuperar el orden o la brújula [9].

Esteban Cuya [10] explica que las Comisiones de la Verdad son organismos de investigación creados para ayudar a las sociedades que han enfrentado graves situaciones de violencia política, a enfrentarse críticamente con su pasado, a fin de superar las crisis y traumas generados por la violencia y evitar que tales hechos se repitan en el futuro cercano (Cuya, E.:1996). A través de estas comisiones se busca conocer las causas y establecer las responsabilidades jurídicas correspondientes para evitar la impunidad. Surgen cuando es evidente la falta de efectividad del Poder judicial para sancionar las violaciones a los derechos humanos. Es un proceso legal o formal, “encargado” por los gobiernos a un grupo de expertos, bajo la presión de los grupos defensores de los derechos humanos.

Las comisiones surgen como sistemas auxiliares que traccionan al sistema social en una dirección. De lo contrario, se trataría de un reemplazo del sistema de justicia, no como generador de castigo y sanción, sino como instancia que define un relato determinado de los hechos. Sin embargo, lo paradojal es que notoriamente el resultado de sus acciones y conocimiento generado son claves para definir en la sociedad cuál fue la “verdad” de los hechos. Esa operación “conocimiento-verdad” genera en el sistema social condiciones que reproducen la reafirmación de lo descubierto, como lo han sido los múltiples juicios, libros y relatos que construyen la historia.

En América Latina estas comisiones mostraron diferentes procesos de organización y desarrollo, pero en casi todos los casos se dan patrones comunes: el éxito de las Comisiones es más probable cuando se actúa en el período inmediatamente posterior a la finalización de la crisis de violencia; es importante la participación de los organismos de derechos humanos, así como de un amplio movimiento de apoyo popular en el cual las organizaciones políticas, religiosas, académicas, sindicales, campesinas y otras unan sus esfuerzos. Ello posibilita que la búsqueda de la verdad tenga más posibilidades restauradoras en la sociedad cuando forma parte de un esfuerzo abierto de pacificación nacional que compromete a la mayoría de la población. Sin embargo, Cuya advierte tres elementos: la independencia (que otorga mayores probabilidades de conocer la verdad que en aquellas comisiones integradas por personas que forman parte de gobiernos acusados de cometer las violaciones a los derechos humanos), la revelación de la historia oculta investigada (porque abre la posibilidad de sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos), y la sanción efectiva de los responsables (ya que la falta de ello se convierte en un recurso oficial para superar el pasado sin curar las heridas). De darse este último elemento, se reafirma la impunidad como mecanismo de castigo y control social a gran escala. O dicho de otra forma, se produce un “efecto de reversión” social.

Quienes apoyaron e impulsaron políticamente la creación de la Comisión no desconocían los antecedentes en la Argentina. La CONADEP [11] y los Juicios de la Verdad [12] eran marcos de trabajo y acción posibles. Las múltiples experiencias en el resto de América Latina, como la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de Chile, el Comité impulsor del Juicio contra García Meza en Bolivia, la Comisión de la Verdad de El Salvador, el Proyecto Brasil Nunca Más, las Comisiones investigadoras de la Verdad de Perú, entre otros, tenían la particularidad de haber sido promovidas desde el propio Estado y por la presión de los grupos de derechos humanos que venían registrando y denunciando las violaciones a los derechos humanos.

En su discurso, la legisladora Marta Oyhanarte, rescató y defendido la experiencia de las comisiones por la Verdad en varios países latinoamericanos tras las dictaduras militares [13]. Sus palabras no fueron dichas en el Congreso Nacional sino en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, la misma que desde su creación como Estado provincial venía reclamando el traspaso de la estructura porteña de la Policía Federal, brazo ejecutor de la represión violenta de las manifestaciones del 19 y 20 de diciembre en ese distrito. Por ello, la Comisión no tenía atribuciones para citar formalmente a los funcionarios con responsabilidad directa sobre el accionar de la Policía Federal, ni mucho menos sobre funcionarios nacionales a cargo de la PFA.

Quien sí tenía claras atribuciones era el Congreso Nacional, que puso el acento en las negociaciones para formar un nuevo gobierno y en las consecuencias del default económico. No hubo reflejo significativo por parte del Congreso, a pesar de tener mayor peso político que la Legislatura de la Ciudad y siendo que la represión del modelo se dio a nivel nacional, dejando 38 muertos según el recuento de los organismos de derechos humanos. La cámara de Diputados intentó crear una comisión investigadora al día siguiente de la caída de De la Rua, pero la idea naufragó al igual que la mayoría de las iniciativas promovidas desde el Congreso [14]. Esto sólo puede explicarse si vemos la composición de ambas cámaras parlamentarias y los compromisos asumidos por la gran mayoría de sus integrantes -en particular de las bancadas mayoritarias- en la sanción de leyes que permitió establecer el modelo de los años ’90 y que con esta crisis había colapsado. Ninguna fuerza tenía mayoría [15] y los acuerdos requerían negociaciones interminables.

Con el certificado de defunción del modelo en la mano, los legisladores porteños vislumbraron de oportunidad a pesar de la dispersión de fuerzas en la Legislatura, cuya composición se definió en mayo de 2000. Las 60 bancas de Legislatura de la Ciudad se distribuyeron entre 11 fuerzas políticas [16]. Ningún bloque reunió quórum propio (31 diputados) ni mucho menos mayoría. No había dudas en hacer el movimiento; la Constitución abría el camino para investigar los hechos. Si bien la jurisdicción se restringía a la Ciudad, los resultados de la investigación podrían tener alcance nacional –sin desmerecer el valor de la protesta en el resto del país- porque los hechos investigados fueron causa de la caída de un gobierno nacional y el cierre de una época.

Mientras el país cambiaba de gobierno de una semana a la otra, algunos legisladores porteños se perfilaban para recuperar protagonismo en el contexto nacional. Entre los legisladores que al finalizar su mandato en 2003 pasaron a la escena nacional, puede contarse a Alberto Fernández (Jefe de Gabinete de la Nación), Marta Oyhanarte (Subsecretaria nacional para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia), Eduardo Valdés (Jefe de gabinete de la Cancillería), Julio Vitobello (Jefatura de gabinete de la Nación), Guillermo Oliveri (Secretario de Culto de la Cancillería), o los electos diputados nacionales Jorge Arguello y Juliana Marino, entre otros. Curiosamente, el destino de los legisladores miembros de la comisión fue otro. La mayoría o retomó su actividad privada o continuó su militancia política al interior de sus partidos, salvo Alicia Pierini que fue electa Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y Marta Oyhanarte que ocupa la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia.

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL Y COMUNIDADES PERSONALES

La comisión compartió un espacio comunicacional mucho más amplio que la propia Legislatura. Sus integrantes no sólo eran legisladores sino organizaciones sociales y las propias víctimas fueron invitadas a participar de las tareas de la comisión. Proponer este amplio grado de convocatoria implicaba contemplar una importante diversidad de conversaciones posibles. Lejos de acordar con ese desafío comunicacional tácito y amplio, la comisión fue entendida por los legisladores como un subsistema dentro de la Legislatura. Por su parte, las víctimas y los organismos de derechos humanos priorizaron las conversaciones entre si, conformando un grupo con características propias que interactuó de manera diferente. Sus códigos de lenguaje se afianzaron en las relaciones que mantenían con los abogados que patrocinaban sus querellas y en las relaciones de afinidad política o militancia social compartida en otros foros ya constituidos con anterioridad.

No obstante, las relaciones entre el sistema y el entorno de la comisión estuvieron sujetas a una tensión que finalmente terminó por disiparse en el retiro implícito de una parte de los miembros. Los familiares fueron los primeros en limitar su propia participación, seguidos por los organismos que con el tiempo vieron que la comisión había agotado su capacidad de influenciar en forma efectiva en la actuación judicial. Los abogados, en su mayoría miembros o colaboradores de los organismos de derechos humanos, continuaron interactuando pero no necesitaron de la comisión para trabajar y desarrollar sus estrategias jurídicas. Estos factores confluyeron en un vaciamiento de sentido comunicacional, relegando a la comisión a un plano secundario carente de utilidad para coordinar conductas.

La opinión mayoritaria en la legislatura porteña sostenía que debían posicionarse de manera activa ante una crisis de la que no se sentían responsables. Ellos no fijaban la agenda política nacional sino el gobierno de De la Rúa. Al mismo tiempo creían que invitando a la participación de otros sectores (organismos de derechos humanos, abogados querellantes y al gobierno de la ciudad) se estaría asegurando una composición plural para la comisión. Pero la pluralidad tras la crisis no fue entendida exactamente por todos los actores como sinónimo de apertura institucional. La crisis de 2001 también fue de identidad, de replanteo de los lugares ocupados y de asambleísmo permanente como dinámica social pretendida.

Para comprender mejor el fenómeno, sirve preguntarse qué factores definían la identidad de aquellos para los que estuvo dirigida la iniciativa. Si crear esta Comisión fue para ayudar a las víctimas, entonces hay que tomar en cuenta que éstas habían sido producto de la represión estatal de miles de manifestantes que reclamaron en la calle el final de un modelo que había perdido consenso mucho antes de las protestas. En otro orden, si esta Comisión fue creada para esclarecer los hechos que produjeron estas víctimas, entonces registrarlos, enumerarlos y analizarlos era ni más ni menos un fundamento esencial para cuestionar la lógica represiva de un modelo que caía y que pretendía la impunidad de sus actos.

Una comisión es justamente una forma institucionalizada que reúne “comunidades personales” [17], donde las relaciones que se establecen con otros individuos permiten conectar redes de interés. Tres grandes grupos o redes de interés confluyeron en la Comisión: las víctimas, familiares y grupos de base (piqueteros y asambleas) conformaron la red más nutrida y extensa; los organismos de derechos humanos y los abogados querellantes conformaron otra red; y la tercera constituida por la Legislatura y el Gobierno de la Ciudad.

La idea de utilizar Internet para interconectar a la comunidad de la comisión perseguía el propósito de un crecimiento exponencial de la propia comunidad [18], a la manera de una plataforma de desarrollo y aprendizaje de la compleja realidad vivida en la crisis del 2001. La realidad demostró que para constituir una red con estas características era imprescindible que la brecha digital -o sea la falta de acceso por motivos económicos, sociales y culturales- no se aplique a la gran mayoría de la comunidad.

Con estos antecedentes que marcaron la identidad de las “comunidades personales” y las redes que operaron en la comisión fue forzado pretender dinámicas superadoras para una comunicación potenciada mediante las nuevas tecnologías. Pero al mismo tiempo, no contemplar su uso estando disponible implicaba perder la oportunidad de innovar para propiciar un cambio cualitativo en ese momento histórico.

FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN

La Comisión estaba integrada por algo más de 30 miembros [19] y el poder de establecer su agenda recayó en una mesa coordinadora conformada por las fuerzas políticas, excluyendo de la iniciativa de agenda a otros sectores no representados en las bancadas. En un clima de reclamo y cuestionamiento a la clase política el dato no es menor. Entonces nadie imaginaba actuar de espaldas a los familiares, organismos de derechos humanos y letrados de las víctimas. Y en la práctica nadie lo hizo, por el contrario el tenor de los objetivos y tareas emprendidas beneficiaban directamente a las víctimas. Sin embargo, lo simbólico de esta exclusión mantuvo una tensión que no se disipó durante su corta existencia.

Los sectores que impulsaron esta Comisión en el ámbito de la Legislatura porteña, más allá de los discursos de superficie, no deseaban perder protagonismo desde su propia historia y dinámica política. Por lo tanto cuestionar el modelo en forma total implicaba cuestionar también su lugar. Esta contradicción sólo pudo salvarse resignando autonomía y estableciendo una Comisión cuyos actores quedaran sujetos a un modelo organizacional dependiente no sólo de la Legislatura, sino también del tiempo de mandato de la mayoría de sus miembros, casi todos ellos legisladores que expiraban su mandato a fines de 2003. Sin embargo, mantener la pluralidad –y por lo tanto su nivel de legitimidad- implicaba ampliar lo más posible sus fronteras, expresión que fue dada a partir de la convocatoria a las propias víctimas para “colaborar” en la propia Comisión.

Ni la Legislatura ni el Gobierno de la Ciudad tenían jurisdicción sobre la policía federal a pesar que la propia constitución así lo establecía. Como lo refleja la discusión en particular de la creación de la Comisión, la jurisdicción y el alcance de la misma fue tema de debate. Y no podía ser de otro modo, siendo la propia Ciudad –y más particularmente su centro financiero- el epicentro donde ocurrieron los hechos que le pusieron punto final a un gobierno nacional (Giarraca, N., 2002). Abusos a los derechos humanos se registraron en todo el territorio de la ciudad (sin mencionar lo ocurrido en el resto del país); de hecho fue la propia Justicia Federal la que puso la mirada en la Plaza de Mayo y sus alrededores, dejando a los tribunales ordinarios los hechos ocurridos en el resto de la ciudad [20].

El escenario a analizar era extenso y complejo. Seis muertos, al menos 93 heridos, cerca de 203 detenidos y miles de posibles testigos de cada uno de los hechos esperaban su lugar en el expediente judicial. El operativo de represión estuvo basado en paradigmas de guerra, alentados por informes de inteligencia que alertaban un inminente copamiento de la Casa Rosada y “por funcionarios políticos que desde su propia paranoia e ineficiencia entraron en el juego” [21]. Este resultado no fue producto de un único y explosivo momento, sino parte de una dinámica de horas, incluso días para algunos, ya que la acción represiva a las protestas se prolongó hasta la llamada “masacre de Floresta”, cuando tres jóvenes fueron asesinados por un suboficial retirado de la PFA llamado a prestar servicios para reforzar y “contener” las protestas populares.

Por otro lado, la forma en que operaron las fuerzas de seguridad ante las multitudes, los recursos utilizados, el supuesto desgobierno y ausencia de línea de mando, fueron también objeto de análisis en la Comisión. Todo el país presenció en vivo y en directo la masacre, pero ello por si sólo no era determinante para la justicia; los hechos debían probarse conforme al derecho penal en una secuencia lógica que convenza sin lugar a dudas a los jueces federales designados durante los años de esplendor del modelo ahora cuestionado.

Salvando la complejidad de los factores que entraron en juego y la relación simbólica del terror que generó, la represión indiscriminada y la creencia justificada de que el poder judicial está habitualmente alineado al poder de turno desmovilizó a muchos de los que presenciaron y registraron los hechos ese día a ofrecer sus relatos a la Justicia. A diciembre de 2003 no más de cien personas brindaron su testimonio y 38 declararon como imputados. Pero las imágenes de TV mostraron miles de individuos en las calles. En efecto, para que un delito sea probado por la justicia no es necesario contar con cientos de testimonios que reafirmen los hechos, basta con unos pocos coincidentes que comprueben un accionar delictivo comprobable junto a otros elementos de prueba periciales para que el suceso sea punible. Lo cierto es que hoy no hay detenidos en la causa y aún es un hecho por verse que los que fueron imputados en su momento terminen tras las rejas. No sólo Fernando De la Rúa, Ramón Mestre, Enrique Mathov y Rubén Santos tenían buenos abogados. Los policías imputados y el personal de seguridad del banco HSBC tenían entre sus letrados a los más caros estudios jurídicos de la capital. La pregunta era cómo enfrentarse a los esquemas de impunidad puestos en práctica exitosamente durante la década del ’90 y que tenían en la dilación burocrática y la responsabilidad difusa de los imputados sus principales estrategias jurídicas.

La Fiscalía Federal Nº 5 –quien encabezó la investigación y recibió la colaboración de la Comisión- desarrolló entonces un estudio meticuloso de los escenarios, los delitos perpetrados, los agentes estatales involucrados, se identificaron a las víctimas, se recibieron cientos de testimonios y se estudió la mecánica de los hechos. En base a ello se estableció una cadena de responsabilidades y se imputó a funcionarios políticos y de la Policía Federal por su responsabilidad directa. Todas las querellas que integraban la comisión apuntalaron sus estrategias en el trabajo probatorio de la Fiscalía, y en muchísimos casos sumaron aportes claves, como las fotos que permitieron identificar a los autores materiales de la muerte de Gastón Riva. Pero a pesar del esfuerzo los fallos de la Cámara Federal fueron dejando en libertad y desprocesando a cada uno de los imputados por no encontrarlos penalmente responsables de las muertes, los heridos y las detenciones indiscriminadas.

Al trabajo de análisis jurídico e institucional, se le sumó la conformación de un Centro de Documentación en Internet [22] en el que se hizo público el trabajo de la Comisión e incluso el de la propia Justicia. Este punto no fue menor, ya que era la primera vez que los documentos de una investigación judicial eran revelados antes del juicio oral y de que se fijaran las sentencias. Si había indicios de impunidad en el proceso éstos deberían detectarse y hacerse públicos inmediatamente. Otro dato fue la voluntad de integrar a los propios miembros de la Comisión en la confección de dicho Centro de Documentación, incluso se convocó a estudiantes de comunicación y periodistas a colaborar con la propuesta.

Si la innovación tecnológica que mayor impacto tiene en una organización es la que afecta su sistema de comunicaciones (Bronstein – Gailard: 1995), entonces las mencionadas no lograron afectar al sistema de manera suficiente. La pretensión de establecer una dinámica de producción y trabajo colaborativo no estuvieron exentos de problemas. La brecha digital se hizo notar no sólo entre clases sociales, contemplando que muchas víctimas provenían de sectores en los cuales el acceso a una computadora no estaba a su alcance. Las diferencias culturales que había entre los propios miembros de la Comisión, ajenos a las nuevas formas de trabajo colaborativo más propia de ámbitos informáticos, evidenciaban una diferencia cultural fundamental que afectó el potencial de la iniciativa.

ACUERDOS SOBRE LA DEMANDA

Otros elementos y conjuntos de condiciones iniciales condicionaron esa mixtura pretendida, de políticos y bloques partidarios trabajando en un mismo ámbito y con el mismo objetivo que representantes de ONG y letrados de las propias víctimas. Tras una primera etapa de recopilación de testimonios, orientación a los damnificados, trámites ante los organismos de asistencia médica y social, documentación de expedientes y resguardo de las pruebas halladas, la dinámica de la comisión como organización comenzó a decaer.

Por esos días, los medios de comunicación registraron todos los ámbitos de toma de decisión con el objeto de mostrar cómo reaccionaba la clase política. Los escarches que fueron íconos de un régimen que caía colmaron las portadas de la prensa. Por primera vez la sociedad demandaba públicamente lo prometido por estos funcionarios en el juramento “… Si así no lo hiciere, que la Patria os lo demande”. Repitiendo una práctica iniciada por los HIJOS de desaparecidos, vecinos indignados repudiaban públicamente a quienes consideraban que habían quebrantado dicho juramento sobre la Constitución. Ni siquiera quienes hacían gala del bajo perfil lograban escapar. Dicho de otro modo, el oprobio público estaba a la vista y resultó ser la principal condena realizada a la fecha. Cada vez más resultaba necesario encontrar fórmulas que restituyan la reputación perdida de la clase política.

Es en este contexto que se explica la conformación de una comisión mixta para investigar desde un ámbito político los hechos que determinaron la caída de un régimen político. Y es en este mismo contexto que para salvar contradicciones la función de esta comisión debía ser eminentemente técnica. La Legislatura optó por un enfoque más “técnico” que “político”, centrando en lo práctico todas aquellas acciones que permitiesen actuar como instancia auxiliar para el esclarecimiento de los hechos. La Comisión estuvo habilitada para recibir testimonios y recabar más datos que aporten a la investigación judicial [23], a pesar que algunos legisladores lo consideraron como una intromisión al poder Judicial. Entre sus objetivos estuvieron el de gestionar apoyo y solidaridad para las víctimas y sus familiares, procurar la conservación de documentación y pruebas sobre lo acontecido, seguir el proceso de recuperación de los heridos acompañando a las víctimas en su reintegro normal a la vida activa, así como también promover y gestionar ante los organismos nacionales la reparación de los daños causados a las víctimas o a sus familiares, entre otros [24].

Sin cumplir estrictamente con el deseo de recuperar la confianza en la política, la conformación de esta Comisión fue al menos un intento simbólico que dio cierto margen de maniobra [25]. Y si éste además estaba sentado sobre la reputación de sectores no cuestionados, mejor aún [26].

LA ASIGNACIÓN DE “VERDAD”

Podría decirse que el programa de la Comisión consistía en una serie de actividades que propugnaban por determinar la “verdad” de los hechos. Y para ello la adquisición continua de conocimiento sobre lo que pasó permitía transitar el camino de la verdad, no de la no verdad. Los hechos ocurrieron y pueden interpretarse como un código binario que la Comisión intentó aportar para su definición. Quiero decir, hubo muertos, heridos y una multiplicidad de consecuencias concretas que devinieron en acciones generadas por personas determinadas en un momento específico. Si la Justicia es un emergente del sistema social que codifica binariamente (verdad – no verdad), entonces las Comisiones por la verdad son un intento por asignar valor al código en un único sentido específico. La verdad –como sostiene Luhmann (op.cit) – designa lo que es. Es a través de la no verdad, como surge la reflexión sobre su pertinencia. No hay mejor modo para elaborar la crisis, y sobre todo una de proporciones como esta, que conocer la verdad de las causas que la provocaron para adquirir el “valor reflexivo” [27]. Ello provoca que algo sólo puede ser designado como verdad, si la posibilidad de no ser verdad, ha sido probada y rechazada.

La Justicia es tan sólo una instancia donde el sistema define el valor del código. Otra es en el terreno de la comunicación pública; o dicho de otra forma, aquello que la sociedad se sirve para recordar la historia. Al propiciar un “centro de documentación”, la Comisión estableció una base para comunicar sus descubrimientos. Y lo hacía en forma exponencial, ya que dicho espacio se construía a medida que avanzaba la investigación.

Al inicio, la Comisión discutió en qué medida debía hacer público sus hallazgos. En todos los casos, las comisiones por la Verdad siempre estuvieron sujetas a una presión constante, tanto de sus posibles imputados como de las víctimas y la sociedad en general. Por ello es que siempre primó el criterio de mantener en reserva sus descubrimientos hasta concluir el trabajo. Pero en este caso, la sociedad y las víctimas reclamaban respuestas urgentes. Al establecer el Centro de documentación en Internet, alimentado a medida que se iban consiguiendo los documentos, se eligió un método para difundir los resultados del trabajo. Pero el conocimiento de los mismos no sería masivo, ya que Internet era una red ampliamente conocida pero no todos tenían recursos para acceder a ella. De esta forma, la verdadera difusión del trabajo quedaba en la acción comunicativa individual de cada uno de los miembros a través de los grandes medios de comunicación.

En la práctica, la comunicación pública del trabajo de la comisión pasó desapercibida, como un recurso más que contaban los abogados de las víctimas para su estrategia jurídica. Y lejos de pretender lo contrario, la Comisión desestimó acciones de fuerza comunicativa como el lanzamiento del Centro de documentación o la emisión de un informe final.

RESULTADO DE LA AUTOREFERENCIA

Es un hecho que al finalizar su período la Comisión no haya logrado ser una referencia en su tema. ¿Qué es lo que falló entonces? El paradigma inicial implicaba investigar y documentar una diversidad de sucesos, así como asistir y buscar soluciones de asistencia y acompañamiento a problemas concretos. Pero a medida que los problemas obtenían una solución (aunque ésta sea sólo momentánea y no definitiva) fue ganando espacio un cambio de paradigma de trabajo tendiente a lograr metas de mediano plazo y no tan urgentes, pero no menos importantes.

Hacia mediados de 2002, casi todas las querellas y sectores representados habían concluido –a grandes rasgos- un denominador común acerca de cómo habían sucedido los hechos.

Por otra parte, la búsqueda colectiva de soluciones que se dio en los inicios de la Comisión fue mermando mientras ganaba terreno el conocimiento de los sucesos y las interpretaciones preliminares que cada sector fue construyendo. Sus miembros no tenían mayor interés de caer en polémicas con el resto de las víctimas y organizaciones piqueteras que sostenían una y otra vez su rechazo a la clase política en general. No es que pensaban diferente a la hora de analizar la represión, su gestación y resultados; por el contrario, resultaba preferible evitar discusiones públicas antes que arriesgarse a caer en el reduccionismo: “que se vayan todos”.

Así, los miembros y sectores representados comenzaron a dispersarse. El primer síntoma fue la falta de autoreferencia (Luhmann, 1990) como punto focal para la discusión social sobre la tragedia. El segundo síntoma fue la falta de voluntad entre los miembros de la comisión para mostrarse unidos al momento de mostrarse como una referencia válida, dejando a cada parte o sector a su libre capacidad y gestión.

ENTRE LA REPUTACIÓN Y LA ESPECTATIVA

Decíamos anteriormente que la conformación de esta Comisión contempló asentarse sobre la reputación de sectores no cuestionados. ¿Pero qué implicaba “no ser cuestionado”?. Mientras unos simplificaban su sentir al argumentar “que se vayan todos”, otros intentaban situarse fuera de ese “todos”, estableciendo acciones que así justifiquen la asignación de valor en el código [28].

¿Pero qué rol le cupo a las víctimas y familiares en esta cuestión? Al ser producto de una coyuntura particular y no poseer reputación por lo nuevo de su condición e historia, no asignaron valor en el mismo orden o sentido que los organismos de derechos humanos. En todo caso, su inclusión devino como condición de la propia crisis: no actuar de espaldas o sin un conocimiento acabado de las propias víctimas.

No es menor el hecho que muy pocas víctimas mostraron interés en participar de la Comisión. Ello, sumado a que no era un grupo previamente constituido y con una trayectoria como tal, también condicionó su escasa participación. Cabe preguntarse cómo una represión tan masiva, violenta e indiscriminada tuvo tan pocas querellas [29]. Dicho de otra forma: ¿cómo puede un conflicto de proporciones como este desalentar al 87% de las víctimas a demandar a sus victimarios ante la Justicia?. En el descrédito de la Justicia como sistema institucional, seguramente se hallará la respuesta. Para los abogados la cantidad y proporción de las querellas no era importante. Con sólo una querella que pruebe objetivamente las responsabilidades penales, resulta suficiente para que la Justicia condene a los responsables y determine el resarcimiento de las víctimas, estén o no representadas judicialmente.

Para evitar participar directamente en la Comisión, las víctimas y sus familiares se aglutinaron detrás de sus abogados querellantes quienes resultaron en sus voceros en la propia Comisión [30]. Esta decisión -de no participar directamente o de hacerlo a través de sus abogados, como se prefiera- para algunos generó justamente esa falta de “legitimidad” directa que se pretendía. Sus argumentos eran coincidentes con los expuestos por la Correpi[31], pero al mismo tiempo no querían cerrar una puerta que potencialmente podía ayudarlos. En síntesis, uno de los factores –de ninguna manera el único- que operó en las víctimas fue que objetaban que la Comisión sirviese como medio para que la “clase política” recuperara  reputación perdida por efecto de la crisis.

CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y VERDAD

No es la simple construcción de algo lo que explica la capacidad de funcionamiento. La expectativa de y entre los sujetos con el sistema también aporta una variable importante. No todos los miembros y colaboradores leyeron la letra chica de la comisión como para entender cabalmente su funcionamiento y condicionantes. Para la mayoría se trató de un “espacio” más como sociedad para recuperarse de la crisis, a la manera de las multitudes de organizaciones formales y no formales que interactuaban en aquel entonces. En efecto, los objetivos de la comisión fueron reflejo del reclamo social de entonces, que incluía mucho más que la búsqueda de verdad y justicia, lo que generó una expectativa desmedida sobre la Comisión, más allá de su confirmación o no con el correr del tiempo.

La construcción de conocimiento basado en los acontecimientos históricos vividos estuvo marcada por irritaciones y falta de acoplamiento dentro del sistema (la propia Comisión). Luhmann (1990) sostiene que el conocimiento se desarrolla o mediante el aprendizaje o por la confirmación constante de los acoples en el sistema social. Ese conocimiento del que habla, se vuelve comunicable gracias al logro propio del sistema social que le dieron forma a los resultados de estos acoplamientos. ¿En qué medida, entonces, la Comisión logró aportar al “conocimiento” o “verdad” de los hechos?.

Evidentemente no se trataba sólo de tener que comunicar acerca de cómo se ve lo que pasó. Porque más allá de las pruebas recopiladas, nada permitió erigir a la Comisión y sus grupos y redes vinculados, en operadores definitivos para el valor verdad. Quiero decir, que la Comisión o algunos de sus miembros manifiesten algo, no convirtió eso en una asignación de verdad que permita obtener justicia y reparación a las víctimas como paso fundamental para contribuir a la memoria histórica del 20 de diciembre de 2001.

Notas


[1] Ramón Puerta (del 21 al 23/12/2001), Adolfo Rodríguez Saá (del 23/12/2001 al 1/01/2002), Eduardo Camaño (del 1 al 2/01/2002) y Eduardo Duhalde (del 2/01/2002 al 24/05/2003).

[2] Enrique Jose Mathov (Secretario de Seguridad de la Nación), Ruben Jorge Santos (Jefe de la PFA), Orlando Juan Oliverio (Comisario Inspector de Asuntos Internos de la PFA), Carlos Jose López (Subinspector de Asuntos Internos de la PFA), Omar Bellante (Subcomisario PFA), Eugenio Figueroa (Principal de Asuntos Internos de la PFA), Ariel Firpo Castro (Agente de Asuntos Internos de la PFA).

[3] Ver transcripción de la sesión: http://www.20diciembre.org.ar/slice_lacomision.shtml?x=7045

[4] En su definición sobre estrés para los sistemas biológicos, el Dr. Enrique Segura contempla “cualquier fuerza comprensiva que potencialmente estimule una reacción fisiológica o de defensa y que sea capaz de producir tensiones patológicas”. (FLACSO, Posgrado Com. En Org. Complejas. 19 sep 2005). En mi opinión, esta interpretación puede aplicarse también a los sistemas sociales. Es decir, el sistema se desenvuelve en estado de estrés, o sea, sus organismos padecen estrés del ambiente, pero al mismo tiempo son estresores ellos mismos con su comportamiento.

[5] Pablo Barbetta, Karina Bidaseca. 2004. “Reflexiones sobre el 19 y 20 de diciembre de 2001. Piquete y cacerola, la lucha es una sola. ¿Emergencia discursiva o nueva subjetividad?. Revista Argentina de Sociología, mayo-junio, año/vol. 2, número 002

[6] El 26 de junio de 2002, la policía bonaerense –con el amparo político del gobierno del ex senador y presidente provisional Eduardo Duhalde- reprimió violentamente una movilización del Movimiento de Trabajadores Desocupados en cercanías el Puente Avellaneda, uno de los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires. Maximiliano Kosteky y Darío Santillán fueron fusilados en esta represión. (http://www.masacredeavellaneda.org)

[7] Ver recopilación de artículos, Sección Opinión, http://www.20diciembre.org.ar

[8] El entonces diputado Carlos Campolongo lo resumió de esta manera: “Tengo el convencimiento que la comisión trabajará a conciencia y con la responsabilidad que determinan los tiempos actuales de nuestro país en que se multiplican los signos de una sociedad absolutamente fragmentada, con sus contratos esenciales rotos, en el límite o la imposibilidad de existir como sociedad. (…) La crisis es mayor que la que puede abarcar solamente la esfera política, económica o social. Las bases mismas de la sociedad, por ende nuestra civilización, es la que está en cuestión.”

[9] “Debemos ir más allá y ofrecer una respuesta dentro del marco de la memoria social y la más estricta exigencia de justicia (…). Estoy convencido que al conformar la Comisión para la Verdad, Justicia y Reparación a las Víctimas de los hechos represivos ocurridos el 20 de diciembre pasado, estamos transitando ese camino. (…) La Legislatura de la Ciudad no puede mantenerse inerte frente a este escenario de dolor e injusticia” Roy Cortina, Transcripción del diario de sesiones Legislativas del 07 marzo 2002.

[10] Esteban Cuya es periodista peruano e investigador del Centro de Derechos Humanos de Nüremberg.

[11] Comisión Nacional sobre la desaparición de personas, creada por decreto del gobierno de Raúl Alfonsín en 1983. http://www.derechos.org/koaga/iii/1/cuya.html#arg.

[12] Ver listado e información de cada juicio en: http://www.nuncamas.org/juicios/juiprinc.htm

[13] “La ventaja de estas comisiones frente a las investigaciones que pudiese realizar el Poder Judicial, es que sus procedimientos y conclusiones son más comprensibles para la sociedad. La justicia penal es complicada, lenta, formal, manipulable por el poder político; mientras que una comisión mixta como ésta puede realizar un trabajo independiente, ágil y lograr una mejor difusión de la verdad descubierta. Nada impide, por lo demás, que estos mecanismos sean simultáneos“. Marta Oyhanarte, diario de sesión. http://www.20diciembre.org.ar/slice_lacomision.shtml?x=7045#oyhanarte.

[14] El 21 de diciembre 13 diputados nacionales presentaron un proyecto (7584-D-01) que finalmente perdió estado parlamentario. Fue la primera señal de que el Congreso miraba para otro lado. Desde el 21/12/2001 hasta el 06/04/2005 se trataron en Diputados seis proyectos de ley para indemnizar a las víctimas (1330-D-05, 1569-D-05, 0115-PE-03, 2025-D-03, 7610-D-01, 7258-D-02). Ninguno de ellos prosperó. Tampoco tuvieron éxito en Diputados las iniciativas para eximir de impuestos a los comerciantes que sufrieron los saqueos (7591-D-01) o para declarar una amnistía general a todos los detenidos durante la represión (7609-D-01). Por su parte, en el Senado, no prosperaron iniciativas como la mencionada amnistía a los detenidos (1814/01), la declaración de rechazo a la represión (1876/01), la declaración de homenaje a las víctimas (1877/01), o el intento de indemnizarlas (610/03).

[15] En Diputados el PJ obtuvo 113 bancas, 91 la Alianza UCR (74) – FREPASO (17), Interbloque Federal 14, Acción por la República 9, ARI 17, Fte. para el Cambio 2, y 11 para otros partidos provinciales. En el Senado el PJ se alzó con 40 bancas, 25 para la Alianza UCR (24) – Frepaso (1), Mov.Popular Neuquino 2, ARI 1, Fza Republicana 1 y los diversos partidos provinciales obtuvieron 3 escaños.

[16] Alianza (24), Encuentro por la Ciudad (20), Pais (4), Partido de la Generación Intermedia (2), UCD (2), IU (2), Bs.As. para todos (2), Jubilados y juventud (1), PH (1), PO (1), PJ (1).

[17] Barry Wellmann destaca ciertas características de las redes sociales: el mundo se organiza en grupos, que en realidad se estructuran en redes que mantienen fronteras permeables permitiendo alternar conexiones entre múltiples redes, donde las jerarquías pueden ser menos piramidales y más recursivas; cada individuo, en lugar de integrarse en el mismo grupo de su entorno, tiene su propia “comunidad personal” y es a partir de allí donde surgen las interacciones posibles.

[18] David Reed (1990) sostiene que cuando una red pretende aportar algo de valor a los individuos, como una red de televisión, el valor de los servicios es lineal. Cuando la red permite transacciones entre los nodos individuales, el valor se eleva al cuadrado. Cuando la misma red incluye procedimientos para que los individuos constituyan grupos, el valor es exponencial.

[19] Siete legisladores que componen la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación, un representante por las Autoridades de la Legislatura, los legisladores designados por los bloques que no tuvieren representación en la Comisión de DDHH, Garantías y Antidiscriminación, la Directora de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad, representantes de ONGs y letrados de las víctimas, entre otros (http://www.20diciembre.org.ar/slice_lacomision.shtml?x=7046).

[20] El asesinato de Rubén Aredes (24) mientras participaba de un corte de calle en Ciudad Oculta y Jorge Portillo (21) que terminó parapléjico al quedar en medio de la represión contra un grupo de personas que saqueaban un supermercado en Saavedra, son dos ejemplos de hechos que ocurrieron el mismo día 20, pero que fueron desestimados como parte de la investigación de la justicia federal.

[21] Alicia Pierini. Discurso del 07 de marzo de 2002 en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

[22] El trabajo desarrollado puede verse en http://www.20diciembre.org.ar.

[23] La jueza federal María Servini de Cubría autorizó a la Comisión de DDHH de la Legislatura como auxiliar en la investigación para recepcionar testimonios y presentar pruebas, conforme a lo previsto en la ley procesal.

[24] Un detalle completo de los objetivos figura en la resolución 06/2002 de la Legislatura porteña (http://www.20diciembre.org.ar/slice_lacomision.shtml?x=7046)

[25] Algunos como el diputado porteño Fernando Finvarb, llamaron a luchar para que los asesinatos y la represión no queden impunes, haciendo hincapié en la necesidad de encarcelar tanto a quienes dieron la orden como a los que la ejecutaron. Y a punto seguido pedía “regenerar la confianza en la política y en aquellos que la representan, reivindicando el mandato popular y defenestrar así cualquier sometimiento y subordinación a ningún otro poder que no sea el del pueblo”.

[26] “Es un buen indicio que la comisión esté conformada por personalidades independientes que otorguen legitimidad a las investigaciones. De no ser así, no gozaría de la credibilidad necesaria frente a la población y las partes en conflicto”. Discurso de la legisladora Marta Oyanharte.

[27] “(…) los valores del código sólo abren un espacio de contingencia y aseguran que todas las operaciones del sistema podrían sujetarse también a la valorización contraria”. Luhmann, Niklas (1990:149).

[28] Luhmann sostiene que ningún sistema de reputación podría mantenerse si la reputación pudiera obtenerse en forma arbitraria o, en muchos casos, absolutamente sin mérito alguno. La reputación otorga crédito; quien dispone de ella puede prestar su nombre como impulsador de la inflación del medio llamado verdad.

[29] De los seis muertos, 93 heridos y más de 203 detenidos que tuvo la represión, sólo 39 se presentaron como querellantes ante la Justicia. Para hacerlo, en su mayoría recurrieron a los organismos de derechos humanos que formaban parte de la Comisión, pero también en otros que se negaron a participar -como la CORREPI- y en diferentes abogados particulares.

[30] La gran mayoría se reunió durante todo 2002 y 2003 en la sede de la LADH, donde sus abogados patrocinaron judicialmente a 24 víctimas (un 61% del total).

[31] Correpi. Boletín informativo Nº 154 (http://correpi.lahaine.org/?p=38).

Bibliografía


Barbetta-Bidaseca (2004) “Reflexiones sobre el 19 y 20 de diciembre de 2001. Piquete y cacerola, la lucha es una sola. ¿Emergencia discursiva o nueva subjetividad?. Revista Argentina de Sociología, mayo-junio, año/vol. 2, número 002.

Bronstein-Gaillard.(1995) La comunicación en las organizaciones. Instituto Nacional de la Administración Pública.

Cuya, Esteban (1996) Las Comisiones de la Verdad en América Latina. Revista KO’AGA ROÑE’ETA se.iii

Escolar, Calvo, Calcagno, Minvielle (2002) “Ultimas imágenes antes del naufragio: Las Elecciones del 2001 en Argentina”. (UBA PEEL/UTDT, University of Houston, Instituto Gino Germani/Instituto de Geografía, UBA).

Gabeta, Carlos (2001) “El estallido de la política”, Le Monde Diplomatique, Edición Cono Sur, noviembre 2001

Giarracca, Norma. (2002) “Argentina 1991-2001: Una década de protesta que finaliza en un comienzo. La mirada desde el país interior”.

Luhmann, Niklas (1990)  La ciencia de la sociedad Ed. Anthropos, México, 1996

Pérez, Germán (2002) “Modelo para armar: complejidad y perspectivas de la protesta social en la Argentina reciente”.

Reed, David P. (1990) “That sneaky exponential-beyond Metcalfe’s Law to the power of community building”, Context Magazine.

Rheingold, Howard (2002). “Multitudes inteligentes: la próxima revolución social”, Editorial Gedisa.

Segura, Enrique (2005) FLACSO, Posgrado Com. En Org. Complejas.

Wellmann, Barry (2001) “Physical place and cyberplace: te rise of personalizad networking, Internacional Journal of Urban and Regional Research”, editorial o revista, pais.

Fuentes de archivo


Centro de documentación “20 de diciembre de 2001”. http://www.20diciembre.org.ar

Congreso Nacional. http://www.senado.gov.ar y http://www.hcdn.gov.ar/

Correpi. Boletín informativo Nº 154. http://www.correpi.lahaine.org

Masacre de Avellaneda. http://www.masacredeavellaneda.org

Nunca Más. http://www.nuncamas.org/


Licencia Creative Commons
Esta obra está publicada por Sergio Sorin bajo una licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 2.5 Argentina.
ESTALLIDO Y RESPUESTA A LA CRISIS: La “Comisión por la Verdad 20 de diciembre” en la Ciudad de Buenos Aires
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